española. Cada valenciano recibe anualmente del Estado 194 euros
menos. Estas son las consecuencias de los sucesivos modelos de
financiación autonómicos, todo ellos lesivos para la Comunidad
Valenciana. En ese balance tan negativo ha tenido mucho que ver la
escasa influencia que los diferentes responsables del Consell han
tenido en la política española.
La última oportunidad para mejorar un modelo tan negativo se produjo
durante la reforma del Estatut d'Autonomía de 2006; pero Francisco
Camps y el PP se opusieron a que el texto condicionara las inversiones
estatales o hiciera referencia alguna a la deuda histórica. Ahora el
actual presidente de la Generalitat Alberto Fabra, del PP, tiene que
reclamar esa deuda. Todos los políticos que han tenido alguna
responsabilidad en la gestión autonómica, tanto del PSOE como del PP,
coinciden en sus críticas a los distintos modelos de financiación
existentes desde la puesta en marcha del Estado de las autonomías,
pero el hecho cierto es que ninguno de ellos pudo solucionar el
problema.
Por otra parte, no son pocos los que creen que el despilfarro es en
gran medida el responsable del agujero en las arcas autonómicas, pero
los expertos consultados por este periódico opinan que, si bien es
cierto que puede haber agravado la situación, el factor más influyente
es la financiación per cápita. Pero la pregunta que pocos responden es
por qué la Generalitat, al contrario que otras comunidades autónomas,
no aprovechó la fase expansiva de la economía para frenar el
endeudamiento; mientras que Murcia, tan mal financiada y con
características similares, sí lo hizo.
La deficiente financiación autonómica es un serio lastre para las
arcas públicas de la Comunidad Valenciana. Los valencianos han
recibido desde la puesta en marcha del Estado de las autonomías menos
dinero por habitante que la media de los españoles. En 2009, último
año del que existen datos oficiales, la Generalitat recibió casi mil
millones de euros menos de lo que le hubiese correspondido de estar en
la media estatal. Dicho de otra manera, según Rafael Beneyto, miembro
de la comisión de expertos que asesora a la Generalitat, la Comunidad
Valenciana recibió 194 euros menos por habitante que el resto de
territorios con excepción del País Vasco y Navarra, que con su sistema
foral disfrutan de una financiación per cápita muy superior.
Sin embargo, no se trata de una situación sobrevenida. Desde la puesta
en marcha del Estado de las autonomías, a principios de los ochenta,
la Comunidad Valenciana ha pagado su falta de peso político en Madrid.
Una falta de influencia que ninguno de los Gobiernos valencianos ha
sabido resolver y que se ha traducido en una financiación deficiente
de carácter crónico. La consecuencia ha sido un endeudamiento
creciente, agravado con casos de despilfarro y corrupción, que tras el
cierre de los mercados financieros obliga a acometer recortes más
duros de lo previsto.
En estos 30 años de autogobierno, la deficiente financiación se ha
enmascarado con un aumento de las cantidades absolutas que el Estado
ha transferido a la Generalitat. Lo que no ha evitado estar siempre a
la cola de la financiación por habitante.
Hasta 2001, año en el que se decidió dar un salto en el sistema de
financiación autonómica, el Estado utilizó un método que denominó
"coste efectivo de los servicios transferidos". Es decir, sobre el
supuesto de que el Estado realizaba sus prestaciones al mismo nivel en
todo el territorio, se realizó una estimación del coste del servicio
transferido y se consignó la correspondiente partida en los
presupuestos generales. El problema, como ha demostrado el paso de los
años, es que la premisa inicial no fue correcta: el Estado no tiene un
nivel homogéneo de servicios en todo el territorio. Y las dos
modificaciones efectuadas sobre el sistema empleado inicialmente, de
1978 a 1986, solo sirvieron para volverlo más complejo. En el periodo
1987-1996 se introdujeron nuevos parámetros de distribución de los
fondos, como la dispersión geográfica, la superficie del territorio o
la insularidad, que simultáneamente se conjugaron con mecanismos
correctores para no alterar la situación de partida. En el periodo
1997-2000 las modificaciones introducidas en el sistema buscaron
aumentar la corresponsabilidad de los Gobiernos autonómicos
ofreciéndoles mayor capacidad para incrementar sus ingresos.
El incremento de los fondos repartidos ha enmascarado las distintas reformas.
El primer presidente de la Generalitat, el socialista Joan Lerma, lo
explica de forma muy clara: "En la Comunidad Valenciana el gasto del
Estado era muy poco en el momento de transferirse las principales
competencias (1988) y las redes de salud y educación muy precarias.
Hubo que gastarse mucho dinero, sobre todo en educación, y gastamos en
estos servicios más de lo que nos transfirió el Estado". "Las
comunidades que optamos a la autonomía por la vía rápida tuvimos que
hacer un gran esfuerzo, que en el resto del territorio realizó el
Estado antes de transferir las competencias en educación y sanidad a
las otras autonomías en 2002", señala Lerma, que recuerda sus pugnas
con el Gobierno central para lograr que financiase la ampliación de
servicios transferidos.
El cuarto modelo de financiación —vigente entre 2002 y 2008, e
impulsado por el entonces presidente valenciano Eduardo Zaplana, el
ministro de Economía Rodrigo Rato y el presidente del Gobierno José
María Aznar— nació con muy buenas intenciones pero el resultado fue
desastroso para la Comunidad Valenciana. Zaplana se presentó entonces
como el referente del "poder valenciano" en Madrid. Parecía que,
finalmente, se corregía una situación injusta que lastraba los
servicios públicos en la Comunidad Valenciana. Pero al final, el sueño
se convirtió en pesadilla.
Un reciente estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (IVIE) afirma: "El modelo nació con unos
objetivos loables, pero las piezas añadidas al mismo, durante su
negociación política, y determinados cambios socioeconómicos, en
particular el fuerte crecimiento demográfico de esos años debido a la
inmigración, han alejado sus resultados efectivos de sus objetivos
iniciales". Tanto que en 2008, el sistema llegó a adjudicar 2.881
euros por habitante a Cantabria, mientras que a Baleares y a la
Comunidad Valenciana, en la cola, les asignó 1.972 y 1.989 euros por
habitante, respectivamente. "Esta diferencia representa un margen de
más del 40% para satisfacer unos mismos servicios públicos básicos,
como son la sanidad, la educación y los servicios sociales", afirman
los autores.
Francisco Pérez, director del estudio de la Fundación BBVA, y los
otros tres expertos del IVIE que han publicado Las diferencias
regionales en el sector público español, recalcan que las
modificaciones introducidas en el modelo de 2002 tuvieron como
finalidad respetar el statu quo anterior —el año de partida escogido
fue 1999— y la posición de algunas autonomías "históricamente
favorecidas por las actuaciones públicas".
En 2006, Francisco Camps, presidente de la Generalitat, y el líder
socialista Joan Ignasi Pla, perdieron otra gran oportunidad para
solucionar la mala financiación de la Comunidad Valenciana a través de
la reforma del Estatut d'Autonomía.
Camps y el PP se opusieron de plano a incluir cualquier referencia en
el texto estatutario que hiciese mención a la existencia de una deuda
histórica, como Andalucía, o que condicionase la inversión del Estado,
como hicieron Cataluña y Baleares. En lugar de abrir una negociación
bilateral con el Estado, a través de la reforma del Estatut, que
permitiese igualar la renta de los valencianos a la media estatal, el
PP se conformó con introducir la cláusula Camps, un añadido retórico
sin valor efectivo que condenaba a la Comunidad Valenciana a arañar
cualquier mejora económica en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera en competencia con las otras 14 autonomías que forman parte
de este órgano.
La última reforma, la de 2009 impulsada por el Gobierno del socialista
José Luis Rodríguez Zapatero y que sigue vigente, ha recortado
ligeramente la diferencia que existía con las autonomías mejor
financiadas, pero no ha servido para sacar a la Generalitat de los
puestos de cola. La explicación está en que la reforma se planteó para
resolver las distorsiones creadas por unos movimientos migratorios sin
precedentes —que hizo crecer la población muy rápidamente en algunos
territorios como el valenciano— y para tratar de reducir las enormes
diferencias de financiación entre regiones.
Sin embargo, Cataluña, que presionó con fuerza durante todo el proceso
de negociación, logró introducir las variables suficientes para dejar
de estar financiada por debajo de la media. Mecanismos correctores de
los que también se beneficiaron Baleares y Madrid, pero no la
Comunidad Valenciana que, junto con Murcia, quedó fuera de juego. Los
intentos del entonces consejero de Economía Gerardo Camps por situarse
en la negociación a rebufo de Cataluña, e intentar articular una
posición conjunta de todos los partidos con representación en las
Cortes Valencianas, acabaron en agua de borrajas. El comité de
expertos, creado a instancias del Parlamento, para formular propuestas
que ayudasen a fijar la posición valenciana en la negociación se
reunió con el nuevo sistema ya fijado. De modo que los técnicos se
limitaron a "identificar posibles interpretaciones del acuerdo que
mejorasen la financiación".
Finalmente, el entonces consejero de Economía, Gerardo Camps, optó por
abstenerse junto con el resto de consejeros del PP, en el Consejo de
Política Económica Fiscal y Financiera (CPEFF) para no renunciar al
aumento de la bolsa de dinero puesto encima de la mesa por el
Gobierno. Con el modelo actual, el 75% de los fondos se reparten de
manera igualitaria, pero el otro 25% se distribuye mediante fórmulas
aleatorias, que el ministro Pedro Solbes no dudó en comparar con un
"sudoku". El PP rechazó en el Congreso de los Diputados el sistema de
financiación actual, pactado entre el Gobierno y las autonomías, por
considerarlo injusto. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha
colocado la reforma del sistema entre sus prioridades, pese a la
reclamación del jefe del Consell, Alberto Fabra.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/11/valencia/1328990996_565647.html
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